La Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal porque no aparecen dineros invertidos en el proyecto que se financió con los dineros de la paz.
Se conoció en primicia que la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal porque no aparecen más de 8.700 millones de pesos que se giraron como parte de un anticipo para la ejecución del contrato interadministrativo, que se firmó en 2020 para la construcción de la segunda fase del Acueducto del Valle del Guamuez, municipio del Putumayo. Según las fuentes, los dineros no están ni invertidos en la obra ni están en las cuentas del proyecto. ¿Qué pasó?
Fuentes cercanas al proceso dijeron a CAMBIO que son varias cosas las que huelen feo en la ejecución del proyecto, que tiene un costo final de 54.562 y que fue financiado con los dineros de la paz, es decir, que hizo parte de los cientos de proyectos que se financiaron a través de los denominados Ocad Paz, creado tras el Acuerdo de La Habana, y que son los recursos del Sistema General de Regalías (SGR) destinados para viabilizar, priorizar y aprobar los proyectos de inversión que contribuyan a la implementación del acuerdo de paz.
Los investigadores encontraron que del anticipo que giraron al contratista por 25.436 millones de pesos, 8.723 no se encuentran invertidos en el avance de la ejecución de la obra; no han sido invertidos en otros aspectos del proyecto que puedan justificar su retiro de la cuenta destinada para el manejo de los recursos, y tampoco están depositados en esas cuentas.
“Es clara la pérdida de los recursos que ya fueron girados, no se encuentran ejecutados con ocasión del contrato y no se encuentra en la cuenta dispuesta para el manejo del anticipo”, dijeron las fuentes.
Por lo anterior, la Contraloría abrió un proceso de responsabilidad fiscal y llama a responder por esos dineros perdidos a la empresa contratista Secontsa; al interventor S.I.C Progress S.A.S. ; a Roberto Guillermo Mora, secretario de Infraestructura del departamento de Putumayo; al también secretario Jorge Humberto Burbano, y a Luis Ceir Marín, gerente de la empresa de tratamiento del agua (Emporio ESP).
El organismo de control fiscal citó a declaración libre a los presuntos responsables fiscales y ordenó la búsqueda de sus bienes.
El escándalo no es de poca monta, teniendo en cuenta las denuncias hechas desde el año pasado por los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nohra, quienes han mostrado que están perdidos, por lo menos, 500.000 millones de pesos de la paz “a través de pago de coimas a funcionarios de Planeación Nacional, la Contraloría y congresistas”.
Es decir, aunque el Ocad Paz tiene la misión de aprobar recursos de regalías para los 170 municipios Pdets, aquellos azotados por el conflicto armado, y por eso, ninguno de los proyectos debe pasar por licitación pública, el panorama que empiezan a confirmar las autoridades es que parte de esos dineros sí se perdieron.
El año pasado, el contralor Carlos Hernán Rodríguez había advertido que, por lo menos, 1,4 billones de pesos estarían comprometidos por incumplimientos y demoras en la ejecución de 115 proyectos, en distintas zonas del país. Hoy, esta decisión muestra el lamentable panorama que se avecina con el resto de los proyectos.
Fuente: Revista Cambio
URL: https://cambiocolombia.com/poder/los-casi-9000-millones-de-pesos-que-estan-perdidos-en-el-acueducto-de-putumayo?s=08