JEP lanza el documental: ‘Con los pies en la Sierra. Camino hacia la verdad’
En el tercer episodio de la serie documental que lanzó la Jurisdición se relatan los momentos más estremecedores de uno de los capítulos más crudos se vivió en la Costa Caribe a manos de integrantes del Batallón de Infantería La Popa del Ejército. Allí, habitantes de la región, campesinos, indígenas, pequeños comerciantes y transportadores fueron asesinados y presentados como bajas en combate en medio del conflicto.
¿En qué va el Caso 03?
Después de que 22 integrantes de la fuerza pública y un civil, en dos audiencias públicas, reconocieron ante la JEP responsabilidad por los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, la Sala de Reconocimiento de Verdad expidió las primeras Resolución de Conclusiones. Las decisiones judiciales se emitieron dentro de los subcasos Norte de Santander y Costa Caribe, en el que los imputados por ‘falsos positivos’ fueron postulados para que el Tribunal para la Paz les imponga sanciones propias.
La primera Resolución de Conclusiones que emitió la JEP se enmarca en el subcaso Norte de Santander, en el que el que la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad ya anunció que asume la competencia. Con ello, se confirma que será esta instancia la que decidirá sobre las sanciones que se les impondrán a los comparecientes que participaron de la audiencia que se llevó a cabo en Ocaña el 21 y 22 de abril de 2022. El otro auto se emitió el pasado 9 de diciembre, y se conoció tras la audiencia que se llevó a cabo en Valledupar el 18 y 19 de julio. En ambos casos, ante la justicia, las víctimas y el país, los comparecientes se refirieron a los crímenes en los que participaron y detallaron cómo contribuyeron de manera amplia y efectiva en la ejecución de las conductas.
Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta son las seis zonas priorizadas en la primera fase de la investigación del Caso 03.
Con estas resoluciones, que fueron remitidas al Tribunal Especial para la Paz, inició el proceso para imponer las sanciones propias. Esto, después de que la magistratura determinó que los imputados reconocieron su responsabilidad y aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva. Entre otras cosas, el auto destaca que los reconocimientos y aportes suministrados por los comparecientes ante la JEP no habían sido investigados por la justicia ordinaria o durante muchos años habían sido negados por los comparecientes, que en principio no aceptaron haber tenido conocimiento ni responsabilidad en los asesinatos fuera de combate y al término del proceso judicial ante la Sala reconocieron en audiencia pública los crímenes en los que participaron y suministraron información clave para el esclarecimiento de lo que sucedió dentro de las unidades militares.
La JEP concluyó en estos dos subcasos, de los seis que conforman el caso 03, que los crímenes no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos, sin la política de incentivos y la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos ‘en combate’. Precisamente, a partir de estos hallazgos, hoy la JEP cuenta con nueva evidencia que da cuenta de la comisión de ocho asesinatos y desapariciones más en el subcaso Costa Caribe. Así las cosas, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, integrantes de ese batallón fueron responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas ocurridas en 77 eventos.
En total, por medio de los autos 125 y 128, la JEP les imputó el crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada a 25 miembros de la fuerza pública y un civil ante el ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Sin embargo, no todos los comparecientes participaron de las audiencias antes mencionadas. Los casos del coronel (r) Publio Hernán Mejía y los tenientes coroneles (r) Juan Carlos Figueroa Suárez y José Pastor Ruiz Mahecha fueron remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA). Allí, de ser vencidos en juicio, podrían ser condenados hasta con 20 años de cárcel.
Adicionalmente, en los últimos meses la Sala de Reconocimiento avanzó en la emisión de dos nuevos autos de determinación de hechos y conductas. En el primer subcaso fueron imputados 22 miembros del Ejército, un funcionario del extinto DAS y dos civiles por el asesinato de 303 personas que fueron presentadas falsamente como guerrilleros o delincuentes dados de bajas en combate en Casanare. Y, en Dabeiba, donde la JEP ha entregado los cuerpos de 11 víctimas identificadas, 10 miembros de la fuerza pública también fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad por asesinatos perpetrados en este municipio de Antioquia y en Ituango entre los años 2002 y 2006.
Frente a estas nuevas imputaciones, la Sala de Reconocimiento informó recientemente que en el caso del cementerio Las Mercedes de Dabeiba (Antioquia) ocho comparecientes reconocieron por escrito su responsabilidad por ‘falsos positivos. Por su parte, los coroneles David Herley Guzmán Ramírez (excomandante del BCG 79) y Jorge Alberto Amor Páez (excomandante de la Brigada Móvil 11) manifestaron que no aceptan su responsabilidad por los crímenes que les imputó la JEP. Ante este escenario el proceso del primero de ellos fue remitidos a la UIA. Y, en el subcaso Casanare, el mayor general (r) Henry William Torres Escalante y otros 17 exintegrantes del Ejército reconocieron por escrito su responsabilidad por ‘falsos positivos’.
Fuente: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia.
URL: https://www.jep.gov.co/macrocasos/caso03.html